La decisión del Congreso de los Diputados de no convalidar el Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre —el denominado decreto ómnibus— ha reabierto un escenario de incertidumbre jurídica en el ámbito laboral y de la Seguridad Social que afecta de lleno al trabajo de los graduados sociales, los profesionales encargados de aplicar la normativa en miles de empresas y relaciones laborales en todo el país.
La norma
incluía medidas consideradas esenciales, como ajustes en materia de pensiones,
cotizaciones a la Seguridad Social y la prórroga del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) de 2025 a 2026. La falta de convalidación del Real
Decreto-ley obliga a despachos profesionales, empresas y trabajadores a operar
en un marco cambiante y sin criterios estables, lo que dificulta la
planificación y la correcta gestión de nóminas y obligaciones sociales. “La
caída de esta norma vuelve
a generar una inseguridad jurídica similar a la que nos enfrentamos hace seis
años, durante la pandemia, nos vemos obligados a actuar en un contexto marcado
por la incertidumbre normativa y la improvisación”, asegura la presidenta del
Colegio de Graduados Sociales de Castellón, Amparo Máñez.
Desde el
Consejo General de Graduados Sociales de España se subraya que esta situación
ya fue advertida con antelación. En 2024 se trasladó al Ministerio de Trabajo y
Economía Social la necesidad de aprobar con antelación las actualizaciones del
SMI y otras medidas laborales para evitar disfunciones técnicas y
organizativas. También se informó de la misma inquietud al presidente de la
CEOE y al Secretario de Estado de Trabajo. A comienzos de 2025, la petición se
reiteró formalmente ante el propio Ministerio, sin que se haya logrado evitar
una situación que reproduce problemas ya vividos en ejercicios anteriores.
Entre las
principales consecuencias profesionales que conlleva la no aprobación de esta
norma, el Colegio de Graduados Sociales de Castellón señala la imposibilidad de
cerrar nóminas y cotizaciones con seguridad jurídica –aplicando criterios
claros y estables-, la obligación de rehacer cálculos salariales, seguros
sociales y regularizaciones con efectos retroactivos, el aumento injustificado de
consultas y reclamaciones administrativas y una sobrecarga de trabajo
extraordinaria en los despachos profesionales “no prevista ni compensada”. A
ello se suma el deterioro de la relación con empresas y clientes, que reciben
mensajes contradictorios derivados de la falta de estabilidad normativa.
El episodio se
repite, porque en diciembre del año 2024 otro decreto ómnibus, el Real
Decreto-ley 9/2024, tampoco logró los apoyos necesarios en el Congreso. Para
los graduados sociales, la reiteración de estos bloqueos refleja una falta de
previsión y de consideración hacia los profesionales que hacen posible la
aplicación efectiva de las leyes.
“No se puede seguir legislando de espaldas a
la realidad diaria de quienes deben ejecutar las normas, trasladando de forma
sistemática el coste de la inacción política a los despachos profesionales”, reitera
Máñez. Por ello, desde el Consejo General de Graduados Sociales de España se
reclama que “las medidas esenciales en materia laboral y social se tramiten con
urgencia, claridad y estabilidad normativa” evitando nuevas situaciones de “caos
normativo que perjudican gravemente al sistema y a quienes lo sostienen en el
día a día”.