La digitalización de la administración pública
está generando serias dificultades en la tramitación de distintos procesos
laborales en plena temporada estival. La puesta en marcha del sistema de
notificaciones electrónicas automáticas –NOTESS- de la Seguridad Social ha
desatado una amplia reacción por parte del colectivo de graduados sociales. El
volumen de notificaciones administrativas que deben atender se ha incrementado
de tal modo que muchos despachos se ven incapaces de gestionarlas en tiempo y
forma.
Desde la entrada en vigor del nuevo
sistema –el pasado meses de junio- cada alta o baja laboral supone una
comunicación inmediata, sin importar si se produce en horario laboral o no. “Esto vulnera claramente el derecho a la desconexión y al descanso,
y así se lo hemos hecho saber al Gobierno”, explica la presidenta del Colegio
de Graduados Sociales de Castellón.
Amparo Máñez ha puesto en evidencia la
desprotección que sufre su colectivo profesional ante la falta de regulación
horaria tras la implantación de las notificaciones electrónicas automáticas. “Estamos desbordados ante una administración que comunica sin límites y
sin descanso”, asegura. Una saturación a la que se suman
las continuas reformas normativas y su implementación inmediata a las que hacen
frente de forma continuada.
Los graduados sociales gestionan las
relaciones laborales del 70% de las pequeñas y medianas empresas de la
provincia de Castellón y han sido considerados por la administración un
“colectivo esencial” durante la pandemia para mantener el tejido empresarial.
“Si se pide conciliación para los trabajadores, también debe existir para
quienes gestionamos sus derechos”, remarca Máñez.
El Consejo General de Graduados
Sociales de España ha trasladado esta situación –que afecta a todo el colectivo
profesional- a la ministra de Trabajo, al Secretario de Estado de Seguridad
Social y al Director General de la Tesorería y ha reclamado cambios inmediatos
“para evitar el colapso del sistema”. El Grupo Parlamentario Popular ha
presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que
las notificaciones se ajusten a horarios razonables.
“La
digitalización no puede avanzar sin una evaluación técnica y humana de su
impacto. Necesitamos una pausa. Una moratoria para repensar este modelo.
Lo que estamos pidiendo es sentido común. No estamos en contra de la
tecnología, pero debe aplicarse de forma progresiva, coherente y sostenible”,
concluye la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Castellón.