El ministro de Justicia, Félix Bolaños,
ha entregado 32 condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort a destacados
profesionales del ámbito jurídico en la Comunidad Valenciana. La presidenta del
Colegio de Graduados Sociales de Castellón, ha sido una de las condecoradas en
esta edición. Amparo Máñez lleva 33 años desarrollando su labor profesional
desde el Alto Palancia y el año pasado se convirtió en la tercera presidenta en
la historia del Consejo Valenciano de Graduados Sociales.
La Orden de San Raimundo de Peñafort es
una de las condecoraciones civiles más reconocidas en el ámbito jurídico. Entre las personas
condecoradas también se encuentra la primera mujer decana del Colegio de
Abogados de Valencia, que fue también la primera mujer en presidir la Real
Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación; el jefe de servicio de
patología forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de
Alicante, y primer director de ese instituto; y el decano de Cograsova, Vicente
Vercher.
Bolaños ha puesto
en valor el “compromiso y dedicación” mostrados por los galardonados, así como
el papel esencial que han desempeñado, cada uno en su ámbito, para garantizar
el derecho a la tutela judicial efectiva y el buen funcionamiento del servicio
público de Justicia. “Son mujeres y hombres que -en palabras del propio
ministro- ponen cada día todo su conocimiento y experiencia al servicio de la
ciudadanía para fortalecer nuestro Estado de Derecho y hacer que España sea
cada vez un país mejor”.
Al acto han
asistido la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, María Pilar de la Oliva; el Fiscal Superior de la Generalitat
Valenciana, Luis Sanz Valdés; la presidenta del Consejo Jurídico de la
Generalitat, Margarita Soler; y el vocal del CGPJ, Juan Martínez Moya, entre
otras numerosas autoridades judiciales y representantes de la sociedad civil.
El ministro también ha reafirmado el compromiso del
Gobierno con la transformación y modernización del servicio público de
Justicia, para adaptarlo a las necesidades de la ciudadanía y de los
profesionales que participan en ella. En este sentido, se ha referido a la Ley
Orgánica de Derecho a la Defensa, norma pionera en Europa que ya se está
tramitando en las Cortes, y al esfuerzo que se está realizando para mejorar la
eficiencia organizativa y procesal